El reclamo que vuelve a la calle: “Universidades públicas”

La universidad pública argentina vuelve a movilizarse a nivel nacional porque el presupuesto que sostiene a las 57 universidades del Consejo Interuniversitario Nacional quedó desfasado frente a la inflación de los últimos dos años. 

Las facturas de luz, gas, limpieza y mantenimiento llegaron con aumentos que multiplican por cinco lo que pagaban las facultades en 2023, mientras que las partidas que envía el Estado siguen calculadas sobre valores que quedaron viejos. El resultado es que muchas universidades empezaron el 2025 operando con menos de un tercio del poder de compra que tenían antes, y eso ya se nota en aulas, laboratorios, bibliotecas y comedores.

El problema no se limita a los servicios: El 60% del presupuesto universitario se va en salarios, y ahí también hay un reclamo abierto. Docentes y no docentes tuvieron aumentos parciales durante 2024 y los primeros meses de 2025, pero esos incrementos quedaron por debajo de la inflación mes a mes. Los gremios calculan una pérdida de poder adquisitivo de entre el treinta y el cuarenta por ciento según la categoría. Eso se tradujo en renuncias de profesores que encontraron mejores condiciones en el sector privado, en recorte de horas de clase por falta de personal y en medidas de fuerza que marcaron el primer cuatrimestre del año.

La convocatoria salió del CIN y fue acompañada por la Federación Universitaria Argentina y los sindicatos docentes y no docentes. No es un reclamo solo de la UBA. Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán, Cuyo y las universidades del conurbano están en la misma situación, porque el esquema de financiamiento es nacional y el ajuste impacta por igual en las casas de estudio grandes y en las del interior.

El pliego pide que el presupuesto 2025 se actualice por el IPC real del INDEC, que se ejecuten los fondos ya aprobados y que estaban subejecutados, que haya una recomposición salarial inmediata con cláusula de actualización automática, y que se restituyan las partidas para becas, comedores, investigación y obras que fueron recortadas.

La fecha no es casual. El gobierno está cerrando los números para el proyecto de Presupuesto 2026 que debe enviar al Congreso en septiembre, y lo que ocurra ahora va a marcar el tono de esa discusión. Desde la Secretaría de Educación sostienen que el ajuste fiscal es necesario y que las universidades deben avanzar en eficiencia del gasto. Desde el sistema universitario responden que ese ajuste ya se hizo y que lo que está en discusión es si la universidad puede seguir funcionando con normalidad. Las autoridades advierten que si no hay respuesta van a tener que cerrar turnos noche, suspender materias optativas y posgrados, reducir horas de laboratorio, limitar becas de investigación y revisar el funcionamiento de los comedores.

Lo que pase después depende de si hay negociación. Si hay acuerdo parcial se liberan fondos y se calma el segundo cuatrimestre. Si no hay acuerdo el conflicto se traslada al debate del Presupuesto 2026 con paros y clases públicas. En abril de 2024 una movilización masiva obligó a reabrir la negociación y a girar partidas adicionales. 

Ahora la prueba es ver si esa presión se mantiene y logra una respuesta antes de que el presupuesto del año que viene quede cerrado. En el fondo, lo que se discute es si la universidad puede pagar la luz para que los laboratorios funcionen, si los docentes pueden sostener sus cátedras y si los estudiantes pueden seguir contando con becas y comedores para terminar sus carreras.

Hecho por: Kevin Gonzalez.