Sismo histórico agita a Colombia

El lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m., la tierra se sacudió con una fuerza que Colombia no registraba en casi medio siglo. Con un epicentro localizado en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y una magnitud de 7.4, el sismo se sintió con fuerza en 15 departamentos y más de 450 municipios del país, sembrando el pánico en gran parte del territorio nacional. Los informes técnicos de las autoridades sismológicas lo catalogaron de inmediato como el terremoto más fuerte en el país en los últimos 47 años.

El balance humanitario consolidado por las agencias oficiales a finales de agosto muestra la gravedad de la tragedia: 329 personas fallecidas, más de 4,500 heridos y 234 desaparecidos. Las zonas urbanas del occidente colombiano y del Eje Cafetero sufrieron los golpes más severos. En Pereira, el colapso parcial de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña cobró la vida de tres personas y obligó a suspender las operaciones aéreas, mientras que en Cali el sismo provocó la caída de fachadas históricas y graves fallas en el Hospital Universitario. Incluso templos emblemáticos como la basílica catedral de Manizales registraron daños importantes en sus torres estructurales.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, activó un plan de respuesta inmediata. Mediante el Decreto 1171 de 2026, se declaró oficialmente la situación de desastre nacional por un periodo de doce meses. Esta medida se complementó con la declaración de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, lo que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para agilizar la reconstrucción y canalizar recursos directos hacia las regiones afectadas.

Uno de los puntos clave para la reconstrucción será el Registro Único de Damnificados (RUD), el censo oficial que permitirá identificar a las personas afectadas para que puedan acceder a las ayudas gubernamentales. Como un alivio directo a las familias que perdieron su hogar, el sector financiero privado acordó con el Gobierno establecer una tasa de interés preferencial y fija del 8% anual en los créditos de vivienda solicitados por los damnificados certificados en el RUD, protegiendo su capacidad de pago durante la emergencia.

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