¿Hay o no hay YPF para rato?

El Juicio de YPF es una demanda judicial iniciada en abril de 2015 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas a la familia Eskenazi, y el fondo de inversión estadounidense Eton Park Capital Management, contra la República Argentina y YPF S.A. 

El reclamo no cuestionó el derecho de Argentina a expropiar, sino la forma en que se llevó a cabo: los demandantes sostuvieron que al tomar el control mayoritario de la empresa en 2012, el Estado argentino incumplió los estatutos sociales de YPF, que obligaban a lanzar una Oferta Pública de Adquisición a todos los accionistas cuando alguien superara el 15% del capital accionario. 

Los antecedentes del caso se remontan al 16 de abril de 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la empresa española Repsol; días después se promulgó la Ley 26.741 de Expropiación y el Decreto 530/2012, que intervino la empresa de forma inmediata, bajo la conducción del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Con el paso del tiempo, Argentina llegó a un acuerdo con Repsol y le pagó una indemnización cercana a los 5.000 millones de dólares, pero los accionistas minoritarios, entre ellos el Grupo Petersen y Eton Park, no recibieron oferta de compra por sus acciones y consideraron que esto violaba el estatuto social de una empresa que cotizaba en la Bolsa de Nueva York. 

El caso contó además con la participación de Burford Capital, un fondo especializado en financiamiento de litigios internacionales que adquirió los derechos económicos del reclamo, mientras que en lo judicial la causa estuvo a cargo en primera instancia de la jueza Loretta A. Preska y, en instancia de apelación, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

A lo largo del proceso, los demandantes argumentaron que los estatutos de YPF constituían un contrato entre la empresa y sus accionistas, por lo que al tomar el control sin lanzar la oferta obligatoria el Estado habría incurrido en incumplimiento contractual, reclamando el valor de las acciones que no pudieron vender en condiciones igualitarias. 

Por el contrario, la defensa de Argentina sostuvo que los estatutos de una sociedad no son un contrato bilateral sino normas de organización interna, que la expropiación es un acto de derecho público regido por la Ley General de Expropiaciones de Argentina que prevalece sobre los estatutos sociales, y que no existía una obligación contractual exigible bajo el derecho argentino que obligara al Estado a realizar una oferta pública en el marco de un proceso de expropiación. 

El desarrollo del juicio tuvo momentos decisivos: el 8 de septiembre de 2023 la jueza Preska dictó sentencia condenando a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, una cifra que con intereses superaba los 18.000 millones y representaba la mayor condena judicial contra un país en la historia de los tribunales federales de Estados Unidos; sin embargo, el 27 de marzo de 2026 la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó por mayoría ese fallo, al entender que la jueza había interpretado erróneamente el derecho argentino, confirmando que los estatutos no constituyen un contrato bilateral exigible por daños, que la ley de expropiación prevalece sobre disposiciones internas de una sociedad y eximiendo además a YPF S.A. de toda responsabilidad en el proceso. El 19 de octubre de 2026 la jueza Preska dictó el fallo definitivo modificado, anuló formalmente su propia condena y cerró el expediente en primera instancia, acatando lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. 

Actualmente la situación sigue abierta parcialmente, ya que Burford Capital presentó un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque ese tribunal no está obligado a aceptar el caso y no hay plazos establecidos para una decisión. De haberse confirmado la condena original, el pago habría representado aproximadamente el 30% del PBI de Argentina o más del doble de sus reservas internacionales netas, por lo que el cambio de rumbo en el juicio tuvo una repercusión económica y política enorme: el gobierno de Javier Milei celebró el resultado como una victoria para la Argentina, mientras que Cristina Fernández de Kirchner reivindicó la estatización de 2012 y destacó el trabajo del equipo jurídico que inició la defensa del país en el exterior. 

El Juicio de YPF es uno de los litigios internacionales más importantes en la historia de Argentina: transitó desde una demanda por supuesto incumplimiento contractual, pasó por una condena millonaria que conmocionó al país, hasta ser revocado en instancia de apelación y cerrado favorablemente en primera instancia, quedando a la espera de si la máxima corte estadounidense decide intervenir para revisar el caso.

- Martin Aldana.