Un punto de quiebre para la Universidad Pública

La educación superior en la Argentina atraviesa un escenario crítico. En los últimos años, el ahogo presupuestario impactó fuertemente, con una caída de más del 45 % en las transferencias desde 2023 y drásticos recortes reales en los gastos de funcionamiento, que en períodos iniciales llegaron a reducirse hasta en un 60 %. Las consecuencias se sintieron en las aulas, los laboratorios y, fundamentalmente, en los salarios de docentes y no docentes.

No obstante, un revés judicial histórico dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 volvió a poner el foco en el cumplimiento estricto de las leyes y las garantías constitucionales.

El programa "Desarrollo de la Educación Superior" representa más del 90 % del gasto total destinado al sistema universitario de grado en el país. Frente al impacto inflacionario y el congelamiento presupuestario, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitario y Recomposición del Salario Docente.

Esta norma busca garantizar el sostenimiento de la universidad pública, afianzar el ingreso y permanencia del estudiantado y recomponer las escalas salariales golpeadas. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la medida representa un 0,23 % del PIB. Tras el intento de veto y posterior emisión del Decreto 759/2025 por parte del Poder Ejecutivo, que pretendía la ejecución presupuestaria alegando falta de partidas específicas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) impulsaron un amparo colectivo.

El juez Martín Cormick resolvió declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

Durante el debate sobre los fondos públicos, cobró fuerza el dictamen del marco normativo sobre quién audita a las universidades. El marco legal vigente establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) —órgano técnico dependiente del Congreso— tiene la competencia directa e indelegable para el control externo de las universidades de gestión estatal, descartando intervenciones del Poder Ejecutivo (como la SIGEN) para resguardar la autonomía constitucional[cite: 5].

¿Hacia dónde va la Universidad Pública?

El fallo a favor del amparo del CIN y la UBA marca un precedente central. Garantizar el funcionamiento operativo, los hospitales de clínica universitarios y salarios que permitan sostener la excelencia académica no es solo una discusión contable, sino el cumplimiento de la ley. La resolución abre un nuevo capítulo en el debate por la educación pública, gratuita y de calidad en la Argentina.

- Hecho por Verde Lucia